Premio Nacional de Arquitectura: Un bastión de identidad gremial

En Dalcahue, ciudad del archipiélago de Chiloé, todo hijo de vecino conoce el Supermercado Trahuel. Es ese típico lugar donde encuentras casi de todo, donde sabes quien es el dueño y te das cuenta si cambian los mostradores.

Posiblemente en muchas ciudades pequeñas y barrios del país existen este tipo de supermercados locales, o existían, como el caso del Supermercado de Achao en la isla Quinchao, que hoy tiene en su fachada un letrero gigante con la marca de una gran cadena, cumpliendo estándares nacionales e invisibilizando la identidad local, suprimiéndola hasta en pequeñas sutilezas como el calendario que te dan a fin de año.

Cuando en la Delegación Chiloé escuchamos que el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio está a pasos de convertir el Premio Nacional de Arquitectura que ha entregado históricamente el Colegio de Arquitectos de Chile en un premio de Estado a organizar por el gobierno de turno, de inmediato surge la preocupación por la sensación de pérdida de un bastión de autonomía e identidad gremial construido desde los orígenes de la organización, llevando este nombre por medio siglo y constituyendo sin duda el reconocimiento más solemne y emblemático de la arquitectura chilena.

Al igual que la gran cadena de supermercados, pareciera ser que hoy el Estado de Chile busca capturar este hito de visibilización pública de la arquitectura chilena y dejar bien puesta la marca del gobierno en el diploma, transformando el certamen en un espacio donde el Colegio de Arquitectos sólo forma parte del jurado que toma la decisión,  en una mesa en la que  se suman autoridades políticas y actores designados a dedo, quedando simplemente para la historia y la nostalgia toda su tradición como reconocimiento gremial autogestionado. Quizás algunos dirán que es razonable que el premiado sea nombrado por un círculo más amplio de actores, o que cobra más relevancia si lo entrega el Presidente del país, además de interés en ganarlo, ya que esta moción trae asociado un bien dinero para el galardonado, a modo de gratitud del país por ser un buen arquitecto. Pero, ¿no es también una pisotada a la capacidad de organizarse de manera autónoma?

En este nuevo escenario, el Colegio de Arquitectos de Chile no sólo perdería la autonomía para organizar el proceso de selección y entrega del Premio Nacional, sino que también el derecho a a tomar esta decisión como órgano colegiado, reduciendo su rol como tutor de la ética profesional, que finalmente es el objetivo fundamental que por más 75 años hemos intentado defender, o en las últimas décadas más bien recuperar, como dijera Edward Rojas cuando obtuvo el galardón en el 2016.

No olvidemos que es el mismo Estado de Chile el que en casi 30 años de democracia ha cerrado las puertas para devolver esta postestad legal, anulada por la dictadura, entregando nada más que aspirinas en cientos de conversaciones en las que se ha insistido en otorgar más peso jurídico a los Colegios Profesionales como una manera de recuperar este rol ético y dar relevancia a nuestro quehacer en el devenir del país.

Lo que parece más lógico y justo es que el Estado valide este reconocimiento, tal como se ha entregado desde su origen, respetando nuestro espacio de decisión como autoridad de la arquitectura chilena. Desde Chiloé al menos esa es la postura.

Posiblemente habrán otros puntos de vista que valdrá la pena discutir, lo que  ojalá se de ampliamente para que no quede definido como muchas otras decisiones importantes en una reunión entre autoridades, reflexionando como gremio sobre este bastión de identidad, el que si vamos a ceder por un bien mayor, por lo menos que sea por algo que realmente valga la pena, como una buena reforma a la Ley de Colegios Profesionales.

 

 

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