La deuda histórica con el Paisaje Cultural de la Humanidad en Chiloé

El año 2012, cuando estalló el escándalo del Mall de Castro, fueron miles los arquitectos y arquitectas de diversas partes del planeta que repudiaron la violencia e indolencia de este adefesio.  Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, alegatos y recursos de protección, la empresa logró su cometido, reduciendo la demanda de respeto a la ciudad capital del Patrimonio de la Humanidad en Chiloé a un fachadismo color madera, que hacía menos “fea” esta mole de cemento. En definitiva, el mall no sólo se inauguró con obras ejecutadas al filo de la legalidad, sino que logró obtener permiso para recepcionar otros 9.000 m2, que alojan hoy unas añoradas salas de cine – cuya inauguración, astutamente el inversionista hizo esperar hasta fines del 2018 – con obras de ampliación pusieron nuevamente al Estado de Chile en la silla de los acusados en el panorama patrimonial internacional.

Hay que reconocer que la campaña para detener el Mall de Castro o al menos mitigar su impacto fue un fracaso. Lo cierto es que no se detuvo la obra ni se logró una articulación suficiente en la ciudadanía chilota para forzar la voluntad política de las autoridades de la época y poner la ética por sobre las artimañas legales en las que se amparó la empresa para levantar esta obra. No obstante, de ese proceso, de esta amarga disputa por el derecho a la ciudad y al patrimonio, se obtuvieron decenas de aprendizajes y acciones colectivas que hoy, en pleno proceso de modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, son fundamentales de analizar.

Con el escándalo, las cartas y la polémica que se logró posicionar en los medios de comunicación, se llamó atención de la comunidad internacional sobre el estado de conservación del Sitio Patrimonio Mundial de las Iglesias de Chiloé, evidenciando que no sólo adolecía de esta poco agraciada construcción en el centro de Castro, sino que además padecía de una serie de problemáticas graves de gestión y planificación de los entornos de cada uno de estos 16 templos, que representan a todo un territorio patrimonial insular.

Localidad Compu, Quellón

A raíz de ello, el 2014, luego decenas de reuniones, mesas técnicas, seminarios, miradas de espanto y visitas de asesores de la UNESCO, el Estado de Chile se comprometió a avanzar en una serie de medidas para hacerse cargo de este desastre de planificación urbana, como la generación de “Zonas de Amortiguamiento” para las 16 iglesias, buscando ponerse al día con la promesa realizada a la propia UNESCO hace casi 20 años, cuando se postuló este Sitio seriado a la Lista de Patrimonio Mundial. La mayoría de los arquitectos y arquitectos de la época involucrados en el asunto, concordamos en ese momento que el mall fue posible por la ausencia de un marco legal de protección patrimonial en el centro de Castro (y voluntad política de interpretar las normas existentes) que lo impidiera, por lo que avanzar en esa línea resultaba urgente.

Surgió entonces el plan de protección de entornos del Consejo de Monumentos Nacionales, que con metodologías participativas proponía terminar en tiempo récord la tarea de proteger como Zona Típica todos los conjuntos cercanos a las iglesias, para no caer en la “lista roja” del patrimonio mundial. Hasta ese momento se habían protegido 8 de estos 16 entornos, con lo cual quedaban 8 lugares por proteger.

Diálogos participativos del CMN en Chonchi, 2015

Lamentablemente, si bien ello habló de una decisión clara de parte del Estado de abordar la problemática, no estuvo, ni está, cerca de ser la panacea. La tarea de lograr la protección de los 8 entornos restantes en un plazo de 2 años (o eso al menos se esperaba en su momento) no sólo era titánica, sino que altamente conflictiva a nivel local, al ser la Zona Típica una figura prohibitiva, burocrática y con una serie de incertidumbres en cuanto a las implicancias que lleva en el día a día vivir en una área protegida por esta figura. Ello sin mencionar la creciente especulación inmobiliaria en el ámbito rural y urbano en Chiloé, que añade una cuota de tensión y pánico entre los propietarios que presumen una pérdida potencial de su capital inmobiliario con esta declaratoria.

Tampoco podemos perder de vista que pese a todas las buenas intenciones de convertirla en una herramienta eficaz para proteger los entornos, actualmente la Zona Típica como figura legal permite únicamente conservar la imagen urbana o rural que tanto nos preocupa a los “expertos” en armonía arquitectónica, ya que para abordar la complejidad de las problemáticas que afectan al paisaje cultural en territorios como Chiloé, se queda corta de potestades y miradas. Básicamente, esta figura apunta a controlar y supervisar únicamente las transformaciones de los aspectos materiales de estos entornos, a conservar la estética del lugar en un área determinada, la foto para el turista, que cuando ve esas casas y galpones revestidas con lata de zinc al lado de la iglesia, deja de atraerle tanto la idea de venir a consumir los productos turístico-patrimoniales del archipiélago que, seamos honestos, es realmente donde le duele al Estado el deterioro de su patrimonio.

Pese a esas dificultades e incertidumbres, el Consejo de Monumentos Nacionales ha logrado hasta la fecha la protección como Zona Típica en 14 de estos 16 entornos, quedando por abordar el entorno de Caguach y el centro histórico de Castro (casualmente las más difíciles). Si bien estas declaratorias podemos contarlas como avance, aún no se produce el cambio de enfoque necesario para abordar de una política pública integral de gestión del patrimonio chilote como un Paisaje Cultural de la Humanidad, para trascender de las iglesias y otorgar garantías a las comunidades chilotas desde una perspectiva territorial, siendo ello a estas alturas una deuda histórica del Estado de Chile con el archipiélago, a casi 2 décadas de contar con el reconocimiento internacional de la UNESCO, en cuya postulación se habla en esencia de la relación tradicional que los chilotes tienen con su paisaje como el contexto cultural sin el cual las iglesias no existirían.

Localidad de Teguel, Dalcahue

Y es que en decenas de diálogos participativos, intervenciones e investigaciones sobre el Patrimonio de Chiloé se ha evidenciado que los problemas más profundos de este de este territorio patrimonial insular, no tienen que ver únicamente con si hay más o menos “casas feas” alrededor de las iglesias o con el estado de conservación de sus inmuebles patrimoniales, sino que también con las relaciones que las comunidades tienen o en muchos casos ya no tienen con ellos y la forma en la que se expresa o no se expresa la forma de vida en la que se sustentan.

El problema tiene que ver también con reconocer que las comunidades de Chiloé se han transformado en las últimas décadas y ya no vivimos en el Chiloé plenamente comunitario de antaño. Tiene que ver con asumir que si bien persiste la cultura de Minga como esencia, su expresión es cada vez más difusa y cada vez más tensionada por el contrato laboral, el crédito de consumo y los camiones con toneladas de salmón y mariscos de exportación que diariamente circulan por los caminos rurales del archipiélago.

Iglesia de Huyar Bajo, Curaco de Velez

Y tiene que ver, con entender que la protección de los 16 sitios como Zona Típica no es hoy una herramienta efectiva para lograr una articulación entre las comunidades, la protección de la minga como forma de vida ni la organización de actores locales en pos de un desarrollo armónico del territorio desde el punto de vista de su paisaje cultural, sin mencionar los conflictos y amenazas ambientales que escasamente logra amortiguar.

Pese a ello, sigue siendo LA herramienta que tenemos en la legislación chilena, y es un hecho que al menos las 14 comunidades que han pasado ya por el proceso de la declaratoria tendrán que lidiar de aquí en adelante con profesionales, especialistas y una buena cuota de burocracia cuando deseen intervenir sus fachadas. Será tarea de los arquitectos y arquitectas de Chiloé lograr que esos procesos no sólo sean llevaderos para los propietarios sino que además lograr convertirlos en oportunidad de generar esas articulaciones y círculos virtuosos de valoración de lo propio que todos esperamos decanten en el objetivo que en el fondo, los defensores de este patrimonio (supongo) perseguimos; que “Chiloé siga siendo Chiloé” como dijo Monseñor Ysern tantas veces.

Asimismo, será tarea de los arquitectos y arquitectas inmersos en la discusión patrimonial como actores locales, siempre conflictiva y siempre bajo la presión de la especulación y la hegemonía de la propiedad privada, buscar los espacios de confianza para avanzar en estas materias, apareciendo como oportunidad en estos días  la modificación de ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales, cuyo proyecto desarrolla actualmente el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio que si bien ha dado varias luces interesantes hasta el momento, aún no contempla explícitamente el elemento que nos permitiría ir saldando esta deuda histórica en Chiloé: El Paisaje Cultural como categoría patrimonial.

Texto: Jorge Inostroza
Edición:  Artemisa Cifuentes
Fotografías: Pamela Cebrero


Déjanos un comentario, Síguenos, Participa.